En medio del auge de los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, una nueva preocupación está ganando fuerza: ¿a quién pertenecen realmente los datos que compartimos con estos sistemas? Esta cuestión, antes limitada a los entornos técnicos y legales, se ha vuelto un debate público tras el litigio entre The New York Times (NYT) y OpenAI, el creador de ChatGPT
La privacidad en juego
El núcleo del problema radica en la petición del NYT de que OpenAI conserve de forma indefinida todos los historiales de chat, incluso aquellos que los usuarios creen haber eliminado. Esta exigencia, respaldada por una orden judicial, ha puesto en tela de juicio la transparencia y los derechos de los usuarios en torno al manejo de sus datos por parte de la empresa tecnológica.
Anteriormente, OpenAI tenía una política de retención limitada: las conversaciones se almacenaban solo por 30 días, a menos que el usuario diera consentimiento explícito para su uso posterior. Ahora, esa práctica está siendo desafiada en un contexto judicial que apunta a salvaguardar pruebas potenciales… pero al costo de vulnerar la privacidad de millones.
¿Quién controla la información?
El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha afirmado que hablar con una IA debería ser tan confidencial como hacerlo con un abogado o un médico. Sin embargo, el caso demuestra que esa promesa aún no está respaldada por las condiciones legales y tecnológicas adecuadas.
Además, el NYT sostiene que OpenAI ha utilizado contenido protegido por derechos de autor, entrenando sus modelos con textos del propio diario. A medida que el caso avanza, se han revelado nuevas capas de la disputa: desde preocupaciones por los muros de pago, hasta el posible uso de ChatGPT para eludirlos y la dificultad de obtener evidencia ante chats eliminados.
¿Qué dice OpenAI?
La compañía ha respondido con firmeza, calificando la orden de “extralimitada” y advirtiendo que pone en riesgo la privacidad de los usuarios sin aportar una solución real al conflicto legal. Han solicitado a la jueza reconsiderar la medida, al tiempo que enfrentan el dilema ético de cumplir con los requerimientos judiciales sin traicionar la confianza de sus usuarios.
Este conflicto saca a la luz una verdad incómoda: aún no está claro si los historiales que generamos al interactuar con una IA como ChatGPT son nuestros, pertenecen a OpenAI, o pueden ser reclamados por el Estado o por terceros en litigio.